José Antonio Ríos-Pita, Director de Seguridad Regional Newmont Sudamérica dando la bienvenida a los participantes del III Seminario – Taller de Derechos Humanos organizado por Newmont y Yanacocha en Cajamarca.Sobre Principios Voluntarios y Prevención de Conflictos trató el III seminario – taller de Derechos Humanos y Seguridad dirigido por Newmont y Yanacocha la semana pasada en Cajamarca. Los 40 participantes del evento: altos mandos militares y policiales, representantes de ONGs y sociedad civil, instituciones estatales y empresas mineras multinacionales (también asistieron los jefes de seguridad de las distintas operaciones de Newmont en el mundo), atendieron tres magníficas exposiciones dictadas por expertos y realizaron ocho ejercicios con escenarios supuestos, pero que ocurren en la realidad, sobre conflictos que podrían terminar afectando derechos humanos a partir del inicio de actividades de una empresa minera en cualquier comunidad.
El marco de la ONU
El expositor José Rafael Unda, ex consejero para la Protección de la Infraestructura Petrolera, Minera y Energética en la Presidencia de la República de Colombia, refirió que en Internet hay miles de páginas que tratan el tema de derechos humanos y empresas. Tantas, que cualquier investigador acucioso podría naufragar con facilidad en ese mar inmenso de información y documentación virtual. No obstante, para entender la vinculación hay que responder a una pregunta clave: “¿Qué tienen que ver las compañías con los derechos humanos, cuando estos son responsabilidad de los Estados y no de las empresas?”.
Luego de dos intentos fallidos por responder a la espinosa pregunta, la Organización de Naciones Unidas comisionó a John Ruggie, profesor en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, para identificar y clarificar esa relación. Los resultados, luego de grandes esfuerzos del equipo Ruggie y años de consultas legales, opiniones de ONGs, Estados y empresas transnacionales, fueron dos: El Marco de las Naciones Unidas: ¨Proteger, respetar y Remediar”, un instrumento que trata de la relación sobre las empresas y los derechos humanos (2008) y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos en seguridad (2011)
“Por supuesto, ambas herramientas no son perfectas y también tienen sus críticos”, dijo Unda. Sin embargo, su aceptación con “un nivel de consenso muy elevado” las convierte en instrumentos de aceptación mundial para “dar luz” sobre esa relación, agregó el experto. Es algo así como la democracia. Tiene defensores y detractores, no es un sistema perfecto, pero todos estamos de acuerdo en que: es lo mejor que tenemos.
En esencia, ambas herramientas proporcionan un marco global de autoridad para prevenir y abordar los impactos adversos de los negocios en los Derechos Humanos. Un marco que se puede reducir a tres acciones:
Proteger.- Los Estados existen para proteger los derechos humanos de las personas. Es su deber defenderlas de terceros, incluso de las Empresas (o de las actividades empresariales que pudieran impactarlos)
Respetar.- Las empresas tienen la responsabilidad de asegurarse de no violar los derechos humanos. Deben tener “Debida Diligencia” para evaluar y prevenir los posibles riesgos.
Remediar.- Las víctimas tienen derecho de acudir a la justicia y lograr la remediación de los daños en un plazo razonable.
¿Por qué las empresas en todo el mundo tendrían que adherirse voluntariamente a estos Principios y conducir todas sus acciones de seguridad en el marco de ambas herramientas? Hay muchas respuestas –comentó Unda: por respeto a los Stakeholders, por respeto a los derechos humanos, porque no hay una herramienta mejor, porque nos capacita para gestionar los riesgos, o, incluso, por una buena reputación. No obstante, “la que a mí más me gusta: es porque hay que hacer las cosas bien”, concluyó el conferencista.
Conflictos y desarrollo
Por su parte, la Directora Adjunta del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica Marlene Anchante Rulle, propuso el análisis de los conflictos desde el ángulo del Desarrollo. “Tenemos que entender las causas de los problemas respondiendo a dos preguntas”, dijo Anchante. “¿Qué entiende cada uno de los actores sociales por “desarrollo” y qué pasa en el país, donde hay crecimiento económico pero también hay más conflictos y éstos son más intensos?”.
La Doctora en Antropología, señaló la importancia de comprender cabalmente el significado que cada comunidad da al término “Desarrollo”. “Si no entendemos lo que los pobladores quieren realmente, podemos no estar haciendo lo correcto. Las políticas de desarrollo fracasan porque la gente espera otra cosa. Para entender lo que quiere la comunidad es importante la interacción, la cotidianidad, en eso se debe concentrar los esfuerzos”, apuntó.
A pesar del crecimiento económico del país que algunos llaman el “milagro peruano”, debido a los altos precios de los minerales y los hidrocarburos, no ha habido suficiente inversión social por parte del Gobierno. El resultado es que, aunque las empresas contribuyen con recursos y se comportan con Responsabilidad Social, los proyectos empresariales terminan siendo no rentables socialmente y chocando con conflictos socio - ambientales originados por la desigualdad y la desconfianza, pero que en el fondo tienen varios aspectos: culturales, comunicacionales, económicos, sicológicos, ambientales, sociales y legales, comentó la especialista.
“Empresas y Gobierno tienen que repensar en las visiones de los beneficiarios y trabajar en esa dirección para que estos sientan que existe una preocupación genuina por su crecimiento. El aporte de recursos y tecnología no es suficiente”, dijo Anchate.
Como reflexión final, la expositora recomendó que se evalúe “bien” el conflicto y los intereses de todos los actores involucrados antes de intervenir para solucionarlo. Tratando de entender las causas inmediatas, intermedias y las sistémicas. Así como las razones históricas y estructurales del problema. “Nuestra visión parcial del conflicto nos puede llevar a una decisión equivocada y no debemos olvidar que éste puede ser una oportunidad”, recomendó.
Una visión clara
El jefe de la oficina de gestión de conflictos sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Víctor Caballero Martín, tiene el panorama muy claro. “Para el país lo más dramático no son los conflictos existentes sino el nivel de violencia y el índice de mortalidad con que se están dando. La gente no sólo hace conflictos, también está dispuesta a matar y a morir en ellos”, afirmó el renombrado sociólogo. Añadió que en los últimos cinco años el número de muertos y heridos por conflictos sociales han igualado a los causados por la violencia subversiva. “La geografía de la violencia es igual a la década de los noventa”, señaló.
Obviamente –comentó el expositor-, la gran cantidad de conflictos que tenemos y la disposición extrema de matar o morir en ellos, aun cuando existen leyes que algunos llaman de “criminalización de la protesta”, nos indican que las normas por si solas no bastan y que es necesario y urgente realizar cambios para minimizar la conflictividad que se da en cuatro escenarios en nuestro país:
1.- Contra proyectos de inversión mineros y petroleros.
2.- Conflicto amazónico.
3.- Gobernabilidad regional y local (La mayor parte de los conflictos en el país se
dan entre pobladores y autoridades)
4.- Movimiento sindical, servicios públicos y fuerzas armadas.
Por lo pronto, comentó el expositor, la primera recomendación de su oficina es impedir que las acciones de violencia sean controladas por operativos policiales. “Esto genera más violencia y más resentimiento. Tenemos que evitar que se genere más confrontación. El país no debe transitar este sendero de violencia”, señaló.
Por otro lado, dijo, es necesario que el Estado trabaje en la institucionalidad del diálogo. Las “mesas de diálogo” son temporales y tienen poca eficiencia. Estas son mal entendidas por los pobladores y terminan frustrándolos porque no resuelven sus problemas, mucho menos cuando los puntos a tratar son sencillamente imposibles de atender, por lo menos en ese espacio. Las personas no entienden que “las mesas” son para fijar los puntos de agenda a discutir y no “necesariamente” para negociar o cerrar acuerdos, manifestó Caballero.
Asimismo, es necesario que las autoridades regionales se involucren en la resolución de los conflictos. Su participación es vital para la población. “No es posible que con total falta de responsabilidad se hagan a un costado o, peor aún, que formen parte del conflicto”, apuntó el expositor.
Aquí, dijo Caballero, hay que reconocer que se ha cometido un grave error empoderando a las organizaciones que tiene objetivos políticos propios y que se han constituido en poderes paralelos, como por ejemplo los Comités o Frentes de Defensa que debilitan el poder de las autoridades legítimamente elegidas por la población. Las disputas por el poder prácticamente no tienen solución. Las posiciones en esos casos son generalmente irreconciliables.
Con respecto a la ley de Consulta Previa, Víctor Caballero puntualizó que se trata de un punto de partida en la búsqueda de ese diálogo necesario entre el Estado y los pueblos indígenas, y que de ningún modo se trata, como creen erróneamente algunas empresas y comuneros, de una fórmula para ejercer un derecho a veto o una herramienta para el chantaje.
Al respecto, José Unda hizo un paralelo con una norma parecida que existe en su país. Unda dijo que en Colombia la consulta es una herramienta para identificar y potenciar los impactos positivos y para minimizar o evitar los impactos negativos. También advirtió, con la mejor voluntad, a fin de que nos mantengamos vigilantes para que no nos suceda lo mismo que a ellos, tres excesos en los que es muy fácil caer.
El primero, es que la consulta previa se convierta en un simple trámite administrativo, sin contenido, del cual las partes quieren salir rápido para cumplir con la ley. El segundo, es que se transforme en una suerte de chantaje para exigir mayor inversión social o de lo contrario boicotear el proyecto empresarial, y el tercero, que se confunda el hecho de que quién consulta es el Gobierno y no la empresa.
Con respecto a las acciones que la PCM ha emprendido para enfrentar la situación de conflictividad del país, Caballero refirió que:
1.- Los expertos de la oficina en prevención y resolución de conflictos bridarán mayor respaldo a los Sectores para que sean estos últimos quienes lideren la atención de los mismos y,
2.- Constituir equipos regionales que no hagan sólo la labor de informantes, sino para que acompañen y fortalezcan los equipos sectoriales responsables de atender cada conflicto.
Es necesario recuperar la presencia de la PCM evitando entrar en contradicción con los demás sectores del Gobierno, y hay que recuperar la institucionalidad en el país, señaló Caballero. “Lo que hoy tenemos, lamento decirlo, es un desmadre institucional”, concluyó el experto.
La clausura del seminario
Al cierre del evento, Lee Langston, Director Senior de Seguridad de Newmont, anunció que nuestra corporación utilizará la Guía de Implementación (IGT) para evaluar “en dónde estamos” con respecto al cumplimiento de los Principios Voluntarios en cada una de nuestras operaciones en el mundo.
Asimismo, informó que en la plenaria sobre Principios Voluntarios realizada en setiembre en Ottawa, Newmont se sumó a una iniciativa de Barrick para desarrollar los indicadores que nos ayuden a medir nuestros avances en la materia. “Nos emociona hacer el primer esfuerzo para ubicarnos y medir nuestros avances con vistas al futuro. Tenernos que trabajar con ONGs de Derechos Humanos y Gobiernos para estar seguros de que nuestras propuestas también satisfacen la visión que ellos tienen”, dijo el alto funcionario.
Por su parte, y para dar por concluido el evento, José Antonio Ríos-Pita, Director de Seguridad Regional Newmont Sudamérica, agradeció el trabajo excelente realizado por el área de Seguridad de Yanacocha en la organización del seminario, la valiosa participación de los expositores, el apoyo brindado por Carlos Scerpella quien actuó como facilitador de todo el programa, y la presencia y los aportes de todos los asistentes.
“El objetivo final de esta agotadora jornada, dijo Ríos-Pita, es el de contribuir a que nuestra región y nuestro país alcancen el ansiado desarrollo con paz social”.
